Nuestra Crisis

Desde Guyana hasta Nigeria, Sudáfrica o Filipinas, las comunidades del Sur Global se encuentran atrapadas en una lucha contra la avaricia corporativa, la destrucción ambiental y la desigualdad sistémica. Ya sea por la extracción de petróleo que envenena la tierra, la apropiación de territorios ancestrales o el asesinato de activistas que defienden la naturaleza, el patrón se repite: las industrias poderosas y los gobiernos priorizan las ganancias sobre las personas.

Las promesas de desarrollo y progreso ocultan el aumento de la pobreza, la contaminación y las pérdidas que sufren los ciudadanos comunes. No se trata de problemas aislados, sino de una crisis global más amplia: unos pocos se benefician, mientras que la mayoría paga el precio de la catástrofe climática. A continuación, presentamos algunos ejemplos.

Guyana

Guyana se encuentra en el centro de una batalla contra la industria de los combustibles fósiles. Gigantes corporativos como ExxonMobil han expandido sus operaciones, aprovechando el estatus de Guyana como un pequeño país “en desarrollo”.

Aunque estas industrias prometen crecimiento económico, la realidad es muy distinta. Las ganancias se acumulan en manos de las multinacionales, mientras que los ciudadanos comunes enfrentan cada vez más dificultades. Las decisiones permanecen en manos de unos pocos privilegiados, reforzando los sistemas de desigualdad en lugar de beneficiar a la población en general.

Nigeria

En el Delta del Níger, el corazón de la producción petrolera de Nigeria, las comunidades locales soportan el alto costo de la extracción. Durante décadas, los derrames de petróleo han contaminado la tierra y los ríos, devastando la pesca y la agricultura.

Shell, la empresa dominante en la región, ha anunciado recientemente su retirada, pero deja tras de sí una crisis ambiental y humanitaria: contaminación sin resolver, medios de vida perdidos y comunidades enteras sumidas en la pobreza. La gente queda abandonada frente a las consecuencias de la avaricia corporativa, mientras las promesas de desarrollo sostenible siguen sin cumplirse.

Sudáfrica

En Sudáfrica, las comunidades indígenas resisten la ocupación forzada de sus tierras ancestrales. Durante años, las corporaciones y los gobiernos han intentado seducirlas con promesas de infraestructura moderna —escuelas, carreteras, empleos—, pero el pueblo se mantiene firme, cuestionando la definición impuesta de “progreso”.

“¿Quién decidió que nuestra forma de vivir, cultivar y honrar a nuestros antepasados es pobreza?”, preguntan.

Para ellos, la tierra no es solo un recurso: es su historia, su identidad y su futuro. La lucha por los derechos sobre la tierra es una lucha por la dignidad y por el derecho a definir el desarrollo en sus propios términos.

Filipinas

En Filipinas, los desastres climáticos dominan los titulares, pero los nombres de quienes luchan por proteger la tierra rara vez se escuchan. Entre ellos estaba Chad Booc, activista ambiental y educador que dedicó su vida a enseñar en escuelas indígenas.

Estas escuelas, que empoderan a los estudiantes con conocimientos sobre autodeterminación y derechos territoriales, fueron vistas como una amenaza por quienes ostentan el poder. En 2022, Chad fue asesinado y etiquetado como “terrorista” por nada más que educar y defender a su pueblo. Su historia es solo una entre muchas, que revela la peligrosa realidad a la que se enfrentan los activistas en la primera línea de la justicia climática.

Marruecos

En todo Marruecos, el cambio climático aprieta su control: las temperaturas en aumento y las sequías más severas amenazan tanto la vida rural como la urbana. En regiones antes fértiles como la llanura de Saïss y el valle de Souss, la escasez de agua ha destruido cultivos y obligado a muchos agricultores a abandonar sus tierras. La creciente dependencia del agua subterránea y del desarrollo insostenible ha agravado la crisis.

Mientras tanto, las ciudades costeras enfrentan riesgos cada vez mayores debido al aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos. A pesar de los ambiciosos proyectos de energía renovable, muchas comunidades aún lidian con las realidades inmediatas del estrés climático: pérdida de medios de vida, inseguridad alimentaria y desplazamiento. A medida que el entorno se deteriora, la brecha entre las promesas políticas y la resiliencia local sigue ampliándose.

Túnez

En Túnez, la crisis climática ya no es una amenaza distante: es una realidad cotidiana. Según informes de la ONU, las temperaturas récord de los últimos años y las sequías cada vez más intensas han colocado al país entre las diez naciones con mayor escasez de agua del mundo.

Sin embargo, esta emergencia se enfrenta con una preocupante falta de planificación estratégica y medidas de adaptación a largo plazo. Las comunidades encaran un futuro incierto mientras los recursos esenciales desaparecen, la agricultura se debilita y la migración se convierte en una respuesta de supervivencia.

Los activistas continúan alzando la voz pese a los riesgos, decididos a denunciar la magnitud de la crisis y exigir rendición de cuentas. Pero en medio de cumbres globales dominadas por los intereses de los combustibles fósiles y las dinámicas de poder desiguales, la voz de Túnez —como la de muchos en el Sur Global— lucha por ser escuchada. Aquí, la batalla no es solo contra el cambio climático, sino contra los sistemas económicos y la negligencia política que lo permiten avanzar sin control.

La Lucha

Nuestra economía global actual, dominada por las corporaciones y basada en la extracción ilimitada de recursos, está fallando tanto a las personas como al planeta. Al priorizar las ganancias sobre las comunidades, este sistema deja a agricultores, pescadores y pueblos indígenas luchando por sobrevivir frente a las crisis climática y económica.

Pero hay un camino a seguir: una transición justa liderada por quienes están en la primera línea de la crisis.

Para que los países del Sur Global puedan costear una transición justa, debemos exigir responsabilidades a los principales culpables: los países y las corporaciones históricamente contaminantes. Podemos hacerlo presionando a nuestros gobiernos para que responsabilicen al Norte Global y haciendo que los contaminadores paguen.

Por Qué Importan las Soluciones Comunitarias

Una transición justa no consiste solo en cambiar a energías renovables manteniendo los mismos sistemas de explotación. Se trata de reconstruir economías justas, sostenibles y democráticas, donde las comunidades —no las corporaciones— tengan el poder sobre sus vidas y recursos.

Por eso las soluciones lideradas por las comunidades son tan importantes: empoderan a todos para ser parte de la solución.

Las cooperativas son una de las herramientas clave para este cambio. En lugares como Amchit (Líbano), un pueblo pesquero costero, los pescadores han formado una cooperativa para proteger sus medios de vida y el medio ambiente. En lugar de competir y agotar las reservas de peces, comparten recursos y gestionan la pesca de manera sostenible, garantizando precios justos y océanos saludables.

Este modelo funciona mucho más allá de la pesca. En la agricultura, la energía renovable y otros sectores, las cooperativas y las iniciativas locales demuestran que, cuando las comunidades colaboran, crean economías resilientes, protegen los ecosistemas y promueven la justicia social.

Lo Que Requiere una Transición Justa

Para lograr una transición verdaderamente justa, se necesita un cambio sistémico. Los gobiernos y las instituciones internacionales deben dejar de apoyar a las corporaciones y, en su lugar:

• Invertir en energía renovable de propiedad comunitaria, en lugar de en combustibles fósiles.

• Apoyar a las cooperativas y a las iniciativas locales en agricultura, pesca y energía limpia con recursos financieros y técnicos.

• Proteger los derechos sobre la tierra y los recursos de las comunidades indígenas y de pequeña escala.

• Promover políticas de comercio justo que antepongan a las personas sobre las ganancias.

Devolviendo el Poder a las Personas

La justicia climática y la justicia social son inseparables. Para liberarnos de la desigualdad y la destrucción ambiental, debemos devolver el poder a las comunidades, creando sistemas que funcionen para las personas y el planeta, no para los accionistas corporativos.